La CPM constató "serias deficiencias" en tres cárceles bonaerenses

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) inspeccionó en el último mes varios lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires, donde constató "serias deficiencias" y, tras las evaluaciones realizadas, reclamó que el Ministerio de Salud bonaerense asuma la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud dentro del ámbito penitenciario.

Las inspecciones estuvieron focalizadas en los sectores de sanidad de las cárceles 1 de Olmos, 17 de Urdampilleta, y 22, también de Olmos, considerada el hospital del sistema penitenciario. En los tres penales, el organismo constató la falta de acceso a la salud de las personas allí alojadas, tal como ha venido denunciando desde hace años: condiciones edilicias ruinosas, alimentación deficiente, falta de personal médico, de insumos y de medicación y serias dificultades para acceder a la atención extramuros.

Los referentes del organismo de derechos humanos señalaron que esto provoca "muertes evitables" y que son violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Frente a este problema estructural, la CPM reclamó que el Ministerio de Salud de la Provincia asuma la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud dentro del ámbito penitenciario.

“En cada inspección, encontramos serios problemas de salud de los internos y una carencia casi absoluta de atención médica. La situación es cada vez más grave y hace necesario una reforma urgente y profunda; en este sentido, creemos que pasar la sanidad en el encierro a la órbita del Ministerio de Salud ayudaría a encontrar un trato más adecuado y humanitario”, admitió el presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Adolfo Pérez Esquivel, luego de encabezar la última inspección a la UP 1 de Olmos.

Para el organismo, la falta o la deficiente atención de la salud constituye una forma de tortura en tanto inflige a las personas detenidas un profundo sufrimiento generado intencionalmente y forma parte de las condiciones inhumanas que se padecen en el encierro. En este caso, la Dirección provincial de salud penitenciaria dependiente del Ministerio de Justicia es la responsable directa de estas graves violaciones a los derechos humanos.

Desde la CPM señalaron que pese a haber denunciado la situación y realizado reclamos sistemáticamente ante los distintos poderes del Estado y los organismos internacionales, no se han adoptado medidas tendientes a revertirla. Mientras tanto, "cientos de personas privadas de su libertad mueren en todos los lugares de encierro de la provincia por causas evitables", advirtieron.

En particular, el organismo ha observado con especial preocupación la situación de la UP 22 donde, a pesar de ser designada como “unidad-hospital” del Servicio Penitenciario Bonaerense, las condiciones edilicias y de funcionamiento constatadas distan mucho de cumplir con estándares mínimos requeridos para el funcionamiento de un establecimiento de salud.

"Apenas funciona como una unidad sanitaria de atención básica donde las personas no llegan a ser visibilizadas ni consideradas pacientes. Sólo en la UP 22, hubo nueve muertes en cinco meses", informaron.