ARGRA realiza muestra en simultáneo en Argentina y México con fotos del juicio a las juntas

La Fototeca ARGRA (Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina) realiza una muestra en simultáneo en Argentina y México con imágenes que conforman la memoria histórica sobre un proceso judicial emblemático para la región y el mundo: el juicio a la juntas militares.

A 30 años del juicio, la muestra, que puede verse en la Universidad Nacional de Quilmes, en Argentina, y el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en México, recopila 56 imágenes tomadas por 15 fotoperiodistas en 1985. El juicio tuvo lugar entre abril y diciembre de 1985 y en él fueron juzgados nueve militares como responsables de violaciones de derechos humanos durante la última dictadura cívico militar.

La causa judicial fue instruida, en un principio, por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas por orden del Poder Ejecutivo el 13 de diciembre de 1983 y frente a la "demora injustificada" del tribunal militar en la instrucción, el 4 de octubre de 1984 la Cámara Nacional de Apelaciones le quitó la causa y continuó los pasos procesales, terminando el sumario y llevando adelante el juicio.

El informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), creada por Raúl Alfonsín el 15 de diciembre de 1983, fue presentado en 1985 y relevó la desaparición de "cerca de nueve mil personas".

Las audiencias orales fueron entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985; en septiembre se leyó la acusación de la Fiscalía y entre octubre y noviembre la defensa presentó sus alegatos. El tribunal integrado por los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Arslanian, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y Andrés D´Alessio dictó sentencia el 9 de diciembre de 1985, fundada en 709 casos presentados durante el juicio.

Condenó a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Orlando Agosti a cuatro años y seis meses de prisión, a Roberto Viola a dicisiete años de prisión y a Armando Lambruschini a la pena de ocho años de prisión. Omar Graffigna, Leopoldo Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo, también integrantes de las juntas militares, fueron absueltos.

Desde que la Corte Suprema de Justicia declaró en 2005 la inconstitucionalidad de la leyes de impunidad, conocidas como Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987), se reabrieron las causas por delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar y ya hay cerca de 400 genocidas condenados.