TRAS EL FALLO A FAVOR DE LOS DOCENTES

Cambiemos impulsó un jury de enjuiciamiento contra el juez Arias

El diputado bonaerense Guillermo Castello denunció al magistrado por haber firmado una solicitada en contra de las medidas del gobierno de Mauricio Macri.


El diputado bonaerense por Cambiemos Guillermo Castello impulsó un jury de enjuiciamiento contra el juez platense Luis Federico Arias, que días atrás falló a favor de los docentes en el conflicto que mantienen con el Ejecutivo provincial. 

En su escrito, el dirigente de la Coalición Cívica acusó al juez en lo contencioso administrativo de tener "una posición facciosa" por haber firmado una solicitada que convocaba a defender la democracia junto con cientos de personajes públicos.

Castello consideró en su escrito que en dicha solicitada "se vierten conceptos sustancialmente impropios de un juez en funciones, se exterioriza una animosidad manifiesta para con el espacio político al que pertenecen los actuales gobernantes y se asume una posición facciosa claramente identificada con referentes y espacios políticos".

El legislador de Mar del Plata aclaró que la denuncia "nada tiene que ver con los fallos" de Arias sino con su conducta, a la que calificó de "inadmisible en un juez en funciones". "La gravedad de las manifestaciones explica que Arias es el único juez en funciones que firma la solicitada", indicó el diputado.

Cabe recordar que el juez Arias hizo a un planteo de los gremios docentes de la Provincia y dejó sin efecto la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense para que los maestros se abstuvieran de plegarse a la huelga convocada por sindicatos nacionales.

La solicitada en cuestión, titulada "Unidos en defensa de la democracia y el bienestar del pueblo argentino", advertía sobre "la preocupante situación de deterioro económico, institucional y social que vive nuestro país, producto de las medidas implementadas a partir de la llegada al gobierno del presidente Mauricio Macri".

"Estamos convencidos que esta medidas no sólo constituyen un mero plan de gobierno que busca beneficiar a un sector muy pequeño de la sociedad argentina, sino que además entendemos que forman parte de un programa con tintes autoritarios que amenaza las garantías democráticas de nuestro país y que sólo puede ser implementado con represión y cercenamiento de las libertades civiles y los derechos individuales", agregaba el documento.


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