SIN ACUERDO DEL SENADO

Macri nombró a dos jueces de la Corte Suprema por decreto

Designó en comisión al ex ministro de Justicia y Derechos Humanos, Horacio Daniel Rosatti, y al rector de la Universidad de San Andrés, Carlos Rosenkrantz. El diputado Héctor Recalde (FpV) lo consideró "un atropello a la Constitución".

El presidente Mauricio Macri designó en comisión como jueces de la Corte Suprema de Justicia al ex ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Horacio Daniel Rosatti, y al rector de la Universidad de San Andrés, Carlos Fernando Rosenkrantz.

Según informó la Presidencia a través de un comunicado, el Jefe de Estado se amparó en el artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional, que sostiene que entre sus atribuciones está la de "llenar vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura”.

La decisión se produce al fin del primer día hábil en que el máximo tribunal debió funcionar con sólo tres miembros, tras la renuncia de Carlos Fayt, efectivizada el viernes último.

Las designaciones de Macri generaron diversas críticas. El ex juez León Arslanian afirmó en declaraciones a la agencia Télam que "no existe ningún antecedente en la historia del país de la designación en comisión de jueces de la Corte Suprema de Justicia", por lo que consideró a la decisión del Ejecutivo como "algo realmente novedoso e impropio".

El presidente del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, sostuvo por su parte que la decisión de Macri es "un atropello a la Constitución Nacional". "No había ninguna necesidad de integrar la Corte como si se tratara del ascenso en comisión de un militar, porque en realidad a eso se refiere el artículo 19 de la Constitución Nacional. No hay necesidad después de hablar durante toda la campaña de diálogo, de consenso, de gobernabilidad", expresó.

"Bastaría con citar a sesiones extraordinarias al Senado y mandar los pliegos, mucho más teniendo en cuenta que estamos en vísperas del receso judicial de enero. Esto es un atropello a la Constitución; un dislate antirrepublicano. Nadie con espíritu republicano puede sostener este decreto que demuestra la intención de soslayar al Congreso", enfatizó en diálogo con Télam.

En tanto, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat consideró que la jugada del macrismo es "un mecanismo previsto por la Constitución. Se trata de una decisión que no resulta incorrecta desde el punto de vista de lo que establece la Carta Magna", señaló.

Carlos Fernando Rosenkrantz es abogado, con el título otorgado en la UBA en 1983 y tiene un magister y un doctorado en Derecho, ambos títulos de la Universidad de Yale; además, fue profesor en la New York University; en la Richmond School of Law y en la Denver University (todas estadounidenses); en la Universitat Pompeu Fabra (España) y también en la UBA.

Fue autor y coautor de numerosas libros y artículos tanto en el país como en el exterior; se desempeña desde 1998 como rector de la Universidad de San Andrés. Previamente ocupó el cargo de asesor del “Programa para la Justicia” del Banco Mundial. En 1994 fue asesor de la Honorable Convención Constituyente y además ofició como asesor para el Consejo para la Consolidación para la Democracia, junto al ex presidente Raúl Alfonsín en 1984.

Por su parte, Horacio Rosatti nació en Santa Fe y se recibió de abogado y posteriormente de escribano en la Universidad Nacional del Litoral; esa misma casa de estudios le otorgó el título de Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Además, realizó un Máster en evaluación de impacto y gestión ambiental en la Universidad Católica de Santa Fe.

Se desempeñó como docente de grado y de posgrado en numerosas casas de estudios en la Argentina, entre las que se destacan la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Austral, la Universidad Nacional de Rosario y Universidad Católica de Santa Fe. Asimismo, ejerció como decano de la Facultad de Derecho en esta última casa de estudios entre 1999 y 2002.

Desarrolla la función pública como conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; entre 2004 y 2005 fue Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, durante el gobierno de Néstor Kirchner, y años antes había sido Procurador General del Tesoro de la Nación. Entre 1995 y 1999 fue intendente de su ciudad natal por el Partido Justicialista, y en 1994 había participado como Convencional Constituyente por Santa Fe en la reforma de la Constitución Nacional.

Tiene una extensa carrera académica en la que se destaca su autoría de unos 20 libros y numerosas publicaciones de artículos diversos vinculados al derecho. Fue condecorado en 1987 con el Premio “Bernardo Houssay” a la investigación en ciencias políticas y derecho constitucional otorgado por el Conicet.