El Gobierno decretó la baja de las indemnizaciones laborales

A pocos días de la muerte de un operario por un derrumbe en el aeropuerto internacional de Ezeiza, el Gobierno nacional bajó a través de un decreto de necesidad y urgencia las indemnizaciones laborales por invalidez o muerte por accidente de trabajo.

Mediante el decreto 669, Mauricio Macri modificó la ley de Contrato de Trabajo para cambiar el cálculo base para el pago de indemnizaciones: reemplazó la tasa de interés del Banco Nación por la tasa de variación de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

Para justificar el DNU, el Gobierno argumentó que "actualmente el rendimiento financiero de los activos de la industria aseguradora es del orden del CUARENTA Y DOS POR CIENTO (42%) promedio, mientras que la tasa de interés vigente para las indemnizaciones por contingencias previstas en la Ley N° 24.557 y sus modificaciones, asciende a niveles cercanos al NOVENTA POR CIENTO (90%)".

De acuerdo al texto del decreto, el cálculo de las indemnizaciones basado en la tasa del Banco Nación provocó un "desequilibrio sistémico" que llevó a "desnaturalizar los derechos de los trabajadores beneficiarios del sistema, haciendo que las indemnizaciones que les corresponden, legalmente orientadas a la finalidad reparadora de los daños sufridos por ellos, generen rendimientos financieros disociados del daño a reparar y ajenas al propósito que inspira la norma".

En ese marco, la norma oficial abona la teoría de Macri sobre la "industria de los juicios laborales" que atenta contra la creación de empleo: "La situación descripta crea incentivos adversos para el propósito mismo del sistema ya que el descalce entre el rendimiento financiero de los activos de las Aseguradoras y la ultra utilidad en favor de los beneficiarios resultante de la actualización de sus pasivos fomenta la litigiosidad (y los costos concomitantes) desalentando el logro de acuerdos conciliatorios que permitan acelerar los plazos de pago a los beneficiarios del sistema".

"Los incrementos desmedidos de las potenciales indemnizaciones como consecuencia de la aplicación de la tasa activa prevista en la Ley N° 24.557 y sus modificaciones, tanto en los siniestros en instancia administrativa como en los pasivos judiciales, en relación con los rendimientos financieros de los activos con los que las Aseguradoras respaldan esos compromisos, son perjudiciales para la necesaria solvencia del sistema", agrega en sus considerandos.

Por todo ello, señala: "Resulta necesario asegurar la continuidad de las condiciones de sostenibilidad del Sistema de Riesgos del Trabajo, propiciando la protección de los asegurados y trabajadores mediante un sistema financieramente viable, mediante garantías técnicas que permitan actuar ante un posible deterioro de la situación patrimonial de las Aseguradoras".

El decreto se publica días después de que un trabajador muriera en Ezeiza tras el derrumbe de un andamio en el aeropuerto. Los operarios habían denunciado presiones del Gobierno para terminar la obra en tiempo récord con el fin de mostrarla para las elecciones de octubre.