BOLETÍN OFICIAL

El Gobierno autorizó a las fuerzas de seguridad a pedir documentos en las estaciones de trenes

A través de una polémica resolución creó el programa "Ofensores en trenes" para "erradicar" el delito en el transporte público. Los detalles.



El Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial una polémica resolución que autoriza a las fuerzas de seguridad a pedir documentos en los trenes para "erradicar la comisión de delitos" en el transporte público.

En sus considerandos, la resolución 845/19 señala que "la interceptación de un ciudadano en la vía pública por parte de la Policía con fines de identificación, en este caso exigir la exhibición de su documento de identidad, forma parte de su actividad, toda vez que tiene entre sus funciones la de 'prevenir delitos'".

Agrega que "la solicitud de documentos en la vía pública a las personas en ejercicio de controles generales, constituye una de las facultades generales propias del ejercicio del poder de policía del Estado en materia de prevención del delito".

"El compromiso del Estado nacional con la seguridad pública genera la necesidad de actualización permanente en la elaboración de políticas públicas que apunten a la prevención, en especial en el sistema de transporte público de trenes de pasajeros, con el propósito de evitar los comportamientos delictivos que se suscitan a diario, en este caso, extremando los recaudos y las facultades de control que son propias de las fuerzas policiales y de seguridad", señala.

En concreto, el programa "Ofensores en trenes" funcionará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Patricia Bullrich y tendrá como finalidad "la prevención de delitos en el sistema de transporte público de trenes de pasajeros".

"Instrúyase a las Fuerzas Policiales y de Seguridad a los efectos de que extremen los recaudos y facultades de control que le son propias en zonas de ingreso, egreso, tránsito y/o permanencia de personas que utilizan el transporte público en trenes de pasajeros, teniendo por objeto, a través de la verificación de identidad de las mismas, la constatación de la posible existencia y/o vigencia de medidas restrictivas de carácter judicial", establece el artículo 2.


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