Guernica: el camino hasta el desalojo judicial, la mirada del Gobierno bonaerense y cómo se custodia el predio

Finalmente, los esfuerzos del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires por solucionar al 100% de modo pacífico el conflicto en Guernica no alcanzaron: los tres meses de diálogo que frenaron que se sacara a las familias lograron un acuerdo de partes con el 80% de ellas, es decir 734 según informaron las autoridades, pero las restantes permanecieron allí con apoyo de "grupos radicalizados" y esta mañana se produjo el desalojo judicial con represión fuera del predio. 

El jueves amaneció con unos 4.000 efectivos de la Policía Bonaerense que ingresaban al predio de Guernica para desalojar a las familias que lo ocupaban, por orden del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, que se sacó una polémica selfie con sus compañeros de función con la toma y el desalojo de fondo.

En el saldo del procedimiento se pudieron observar numerosas balas de goma, casillas quemadas -la policía niega haberlo hecho- y otras tantas demolidas por máquinas, 36 detenidos que fueron liberados pocas horas después. Lo concreto, que sí es comprobable, es que cuando se produjo había en el predio unas 300 personas y que la represión se produjo fuera del mismo, en las calles lindantes.

La toma de Guernica se dividía en cuatro barrios. 20 de julio, La Unión, La Lucha y San Martín. Cada uno de esos barrios, de entre 200 y 500 personas cada uno, tenía una asamblea propia, que era acompañada por militantes de las diferentes agrupaciones sociales y políticas de izquierda que estaban en el predio, entre ellas el Partido Obrero, el MST Teresa Vive, el Movimiento Teresa Rodríguez y el Frente de Izquierda.



Sin embargo, lo que pasó esta mañana, el desalojo, no era el desenlace que quería el Gobierno de Axel Kicillof. "Se trató de actuar con todo el cuidado posible. Simplemente se llevó adelante de esta manera con las pocas familias que quedaban. Y después quedaban algunos dirigentes o militantes de fuerzas políticas sobre los que me reservo totalmente cualquier comentario, solamente digo que no era por un problema habitacional propio, sino por una decisión política de estar ahí", explicó el propio Gobernador por la tarde, desde un acto en Bahía Blanca.

El Ejecutivo bonaerense precisó antes que el objetivo principal en el desalojo de los terrenos ocupados en el partido de Presidente Perón fue "encontrar una salida pacífica, siempre sobre la base de que se trataba de una ocupación ilegal y quienes permanecían en el lugar estaban violando la ley".

Indicaron, a través de voceros, que "antes de las 7 de la mañana el predio estaba completamente desalojado" y agregó que "luego se produjeron incidentes en los alrededores del barrio, por los cuales hay alrededor de 40 detenidos y varios policías contusionados". Las mismas fuentes indicaron que, al momento del operativo judicial, en el predio sólo había unas 300 personas, cosa que parece ser certera al observar las imágenes que todos los canales televisivos exhibieron.

En un repaso de los hechos, el gobierno de Axel Kicillof recordó que "luego de la denuncia judicial, el juez interviniente estableció un plan de trabajo para conseguir un desalojo voluntario del terreno".

"En el marco de ese plan de trabajo se realizó un censo entre los ocupantes que identificó 1904 personas. Del cruce con los datos del Renaper surgió que había 1098 grupos familiares que habían entregado datos correctamente", agregaron las fuentes.

Se precisó, asimismo, que la provincia de Bueno Aires "conformó un comité interministerial encabezado por el Ministro de Desarrollo de la Comunidad que se instaló en el territorio durante 40 días para encontrar una solución pacífica y voluntaria, ofreciendo distintas propuestas a medida para cada una de las familias".

Además se recordó que el 29 de septiembre se presentó el Plan bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat, que comprende distintas políticas, como "la construcción de viviendas, reactivación de obras de viviendas, generación de lotes con servicios, mejoras habitacionales, proyectos integrales de urbanización en barrios populares, regularización de actas y escrituras, Procrear y un registro provincial de demanda habitacional".

"Con 734 familias se llegó a un acuerdo por el que se retiraron del predio", según destacaron las fuentes y, de acuerdo a las necesidades recolectadas, se establecieron distintas medidas de auxilio para las necesidades más urgentes.

Entre ellas, algunas familias solicitaron materiales de construcción, y a otros se los asistió con medicamentos, alimentos, productos de higiene, colchones y frazadas. Y enumeraron:  "En un trabajo interdisciplinario también se realizaron operativos de documentación, de vacunación y de atención a situaciones de violencia de género".

También "se establecieron tres paradores de forma transitoria para aquellas personas que no tuvieran donde ir hasta tanto se avance en las distintas propuestas de soluciones habitacionales que está desarrollando la provincia".

El relevamiento oficial también recuerda que "con conformidad del fiscal y el juez interviniente se solicitaron 2 prórrogas para avanzar con el desalojo voluntario y pacífico".

En este punto, aunque sin señalarlo, criticaron duramente a la izquierda, a través de distintas variables partidarias y de organizaciones sociales, ya que resaltaron que "después de múltiples mesas de diálogos, un grupo radicalizado no accedió a ninguna de las propuestas realizadas y exigía permanecer en el predio desconociendo la orden judicial".

"Por decisión del juez y a pedido del fiscal, dentro del plazo establecido y sin posibilidad de prórroga, habiendo agotado todas las instancias de diálogo, la Policía de la Provincia de Buenos Aires llevó a cabo la orden de desalojo establecida, en las condiciones que ordenó el juez y con presencia y supervisión del Poder Judicial", concluyeron las fuentes.


LOS DETENIDOS

La justicia ordenó en la tarde la liberación de los 36 aprehendidos en el desalojo del predio de Guernica ocupado en julio pasado. La decisión se fundamentó en el artículo 161 que otorga a los fiscales que intervinieron en la causa, Condomí Alcorta, Marcelo Romero y Lisandro Damonte, de "disponer la libertad de quien fuera aprehendido mientras que el juez no hubiere ordenado la detención, cuando estimare que de acuerdo a las circuntancias del caso no solicitará la prisión preventiva".


LA CUSTODIA DEL PREDIO

Con la orden judicial y ante la amenaza pública de quienes se manifestaban frente a la municipalidad de Presidente Perón, para la preservación del predio que será devuelto a quienes son considerados sus dueños se dispuso que 1.000 efectivos para custodiar las 100 hectáreas.

Se trata de efectivos de tres grupos especiales: Infantería, sobre quien recayó buena parte de las tareas realizadas en el predio cuando un grupo de personas se resistieron con piedras, palos, botellas y machetes, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (U.T.O.I.).