La lucha contra la motosierra de Milei

Los aumentos en el Transporte a la Justicia: buscan anular el incremento

Fue tras una presentación conjunta entre la senadora nacional de la Provincia, Juliana Di Tullio, junto al Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino. Denunciaron que “impacta negativamente en otros derechos fundamentales”.



Tras la autorización del gobierno nacional de subir un 250% la tarifa del transporte público en el AMBA, dos dirigentes bonaerenses fueron a la Justicia en un pedido de anulación por considerarlo “irrazonable e ilegal”.
 
Se trata de la senadora nacional por la Provincia de Buenos Aires, Juliana Di Tullio, junto al defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino.
 
El pedido ingresó al Juzgado Federal Civil, Comercial y contencioso Administrativo N°2 de La Plata. La nota que contiene la solicitud judicial deja expreso que la medida tomada por Javier Milei “no guarda relación con los salarios” y que “impacta negativamente en otros derechos fundamentales, como el derecho a la circulación, al trabajo y a la educación”.
 

El aumento del costo del boleto de transporte entró en vigencia el pasado 6 de febrero tras una resolución de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Infraestructura de la Nación. Las subas están dispuestas en un 251% para colectivos y 247% para trenes.


 
“Es un aumento injusto que, en el contexto socioeconómico actual, perjudica a cinco millones de usuarios y usuarias que día a día se trasladan a sus trabajos y hogares”, coincidieron Lorenzino y Di Tullio.
 
En la nota, explicaron que “si buscamos una tarifa justa y razonable debe existir una determinación precisa de todas las variables, cuya transparencia encuentra fundamento en la información adecuada y veraz que exige nuestra Constitución nacional, lo que no sucedió en las audiencias públicas realizadas ya que no fueron suficientemente explicitados los componentes que influyen en los costos del servicio y la ganancia empresaria”.
 
Además, añadieron que “ante cualquier aumento en las tarifas no se debe pensar exclusivamente en la rentabilidad de las empresas, sino que debe ir de la mano con la situación de los ingresos de los consumidores y consumidoras”.
 
Como antecedente, durante enero el juez Kreplak otorgó una cautelar por 5 días a partir del 1 de febrero para que se adopten las medidas “tendientes a garantizar los derechos de los usuarios readecuando un procedimiento de participación ciudadana en audiencia pública según lo establecido por Decreto 1172/2003”.
 
El Gobierno de Milei solo esperó el vencimiento de plazo de la cautelar y en ese momento realizó el anuncio de incremento.
 
Esta denuncia, además, se suba a un pedido de idénticas características del intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, quien también busca frenar el tarifazo en el transporte público, que en muy pocos días se hizo sentir en todo el AMBA.



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