AUMENTO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS

La Justicia suspendió el "tarifazo" de gas a un usuario en Temperley

Lo dispuso el Tribunal Oral Criminal 5 de Lomas de Zamora. Es por la "no realización de una audiencia pública" antes de los aumentos. La medida podría extenderse a otros municipios de la región.


El Tribunal Oral Criminal N° 5 del municipio bonaerense de Lomas de Zamora frenó el "tarifazo" en el gas a una usuaria de la localidad de Temperley al argumentar que Cambiemos no realizó las correspondientes audiencias públicas previas. La medida podría extenderse a otros municipios del mismo departamento judicial.

La resolución del tribunal a cargo del juez Pedro Pianta consiste en “decretar como medida precautelar, previa sanción juratoria que deberá presentarse en esta sede, la suspensión del aumento tarifario dispuesto en las resoluciones Nº28/2016 y 31/2016 del Ministerio de Energía y la resolución I-3726 del Enargas”, consignó el diario Página/12.

El abogado Facundo Ferro, que patrocinó a la vecina de Temperley, dijo que la resolución podría extenderse a los partidos de Lomas de Zamora, Avellaneda, Lanús, Esteban Echeverría, Almirante Brown y Ezeiza porque en sus considerandos afirma que busca “asegurar una satisfacción provisoria al reclamante y a todos los consumidores y/o usuarios y/o beneficiarios que se ven afectados por el cuadro tarifario”.

En el amparo que promovió junto al dirigente peronista Gabriel Mariotto y al espacio Compromiso Federal, Ferro señala que “las autoridades dispusieron un exorbitante y disparatado aumento de la tarifa del servicio público de gas, dejando desamparado a nuestro representado y a la mayor parte de la población argentina, toda vez que el pago de las nuevas tarifas es de cumplimiento imposible”.

El fallo de Pianta advierte sobre la “pública y notoria no realización de las audiencias públicas que prevén los artículos 46 y 47 de la ley 24.076 para la modificación del marco tarifario relacionado con el transporte y distribución de gas natural”, lo que supone “la afectación del derecho a la información adecuada y a la participación ciudadana en los marcos regulatorios de los servicios públicos”.



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