SE DISCUTE EN LA COMISIÓN DE REFORMA POLÍTICA

Legisladores buscan crear una Oficina Anticorrupción autónoma

La inciativa apunta a crear un Código de Ética Pública y Transparencia. Establece la obligación de presentar DD.JJ. ampliadas y prohíbe la designación en cargos públicos de familiares de funcionarios, entre otros puntos.


Legisladores bonaerenses trabajan en la confección de un proyecto de ley que propone la creación de un Código de Ética Pública y Transparencia, pensado como un "órgano extra poder, con autonomía funcional y autarquía financiera".

La iniciativa, que se discute en la comisión de Reforma Política de la Cámara Baja, representará "un aporte superador y amplio" al proyecto que impulsa el gobierno de María Eugenia Vidal para crear una Oficina Anticorrupción, señalaron desde el Frente Renovador.

Si bien se encuentran varias iniciativas parlamentarias referidas al tema, los miembros de la comisión de Reforma Política buscan consensuar con todas las fuerzas y emitir un despacho unificando los proyectos de los diputados Ricardo Lissalde, Lisandro Bonelli (FR); Rubén Grenada (GEN) y Rocío Giaccone (Frente para la Victoria).

Según informaron desde el massismo, el borrador expresa la creación de un Código de Ética Pública y Transparencia para el Ejercicio de la Función Pública que será de aplicación para todo el territorio de la Provincia. La norma establece una regulación con deberes y pautas de comportamiento, incompatibilidades, nepotismo, publicidad oficial y la obligación de presentación de declaraciones juradas.

“El objetivo es que se compartan los fundamentos expresados en cada una de las iniciativas presentadas ante esta Cámara, y que están siendo analizadas en la comisión de Reforma, siempre con la finalidad de mejorar la calidad de la representación política y de las instituciones republicanas”, explicó el titular de la comisión de Reforma Política, el massista Pablo Garate.

La iniciativa también prevé en uno de sus articulados la obligación de presentar declaraciones juradas ampliadas de todos los funcionarios de la provincia de Buenos Aires, es decir, Gobernador y vice, ministros, secretarios y directores, el Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Jurado de Enjuiciamiento, municipio, concejales y empresas, sociedades y otros entes del Estado, enumeraron desde el FR.

Respecto al nepotismo, el proyecto expresa la prohibición en toda la Provincia de la designación o nominación de familiares mencionados en las áreas funcionales, administrativas, técnicas, de maestranza, operativa, de planta permanente del organismo o dependencia del Estado en el cual el funcionario designante cumpla funciones o cargo electivo.


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