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UN JUEZ FRENÓ SU APLICACIÓN EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

La Provincia no adherirá al protocolo de seguridad de Bullrich

Desde el Ministerio de Seguridad bonaerense dijeron que "no todas las policías son iguales" y remarcaron que apostarán al "entrenamiento y capacitación" de los efectivos. La norma autoriza a los agentes a disparar sin dar la voz de alto y sin agresión previa.


Finalmente María Eugenia Vidal no adherirá al polémico protocolo de seguridad de Patricia Bullrich, que autoriza a los policías a disparar sin dar la voz de alto y sin que medie una agresión previa.

Desde el Ministerio de Seguridad bonaerense habían indicado que la aplicación de la medida en el territorio provincial estaba "en estudio". Ahora descartaron esa posibilidad al señalar que "no todas las policías son iguales" y remarcaron que el Gobierno apostará al "entrenamiento y capacitación" de los efectivos.

Los voceros de la cartera conducida por Cristian Ritondo destacaron que desde la llegada de Cambiemos al poder se inició en la Bonaerense "un proceso de reforma profunda e integral que nos encuentra con una policía diferente".

La polémica iniciativa de Bullrich desató una fuerte interna en Cambiemos. La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, tildó a la norma de "fascista" y pidió que se discuta en el Congreso. Quien salió a responderle fue el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, que afirmó que el protocolo "no viola los derechos humanos".

En la noche del miércoles, Bullrich defendió el protocolo al subrayar que "ayuda a clarificar los casos en los que la Justicia ha condenado injustamente a policías que habían actuado en cumplimiento de su deber". Aseguró además que cuenta con el respaldo de Mauricio Macri.

También recalcó que el Gobierno logró "sacar de esa situación a una enorme cantidad de policías y gendarmes que iban a ser condenados como homicidas y terminaron absueltos, porque explicamos cuál había sido la conducta: estaban defendiendo al ciudadano".

En la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta quiso implementar el protocolo, pero el juez Roberto Gallardo decretó su inconstitucionalidad tras hacer lugar a una cautelar presentada por Myriam Bregman, legisladora porteña por el PTS; María del Carmen Verdú, abogada de CORREPI; y Carla Lacorte, víctima y sobreviviente de un caso de gatillo fácil.


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