Juicios a genocidas

Un fiscal pidió pena máxima por delitos de lesa humanidad previos al Golpe de Estado

La causa contra la Triple A en Bahía Blanca podría sumarse a las condenas a integrantes de grupos paramilitares que accionaron entre 1973 y 1976 en Mar del Plata, La Plata y Buenos Aires.

Por Juan Vera Visotsky


El fiscal que representa a la Unidad de Derechos Humanos de Bahía Blanca, Pablo Ferment, pidió el 10 de abril la sentencia máxima para cuatro ex miembros de la Triple A, responsables de 24 homicidios en el sur bonaerense entre fines de 1974 y el 24 de marzo de 1976.

En su alegato, el fiscal consideró acreditada la pertenencia de Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero y Héctor Angel Forcelli al grupo paramilitar que respondía al diputado peronista Rodolfo Ponce y a los servicios de inteligencia, y pidió las penas máximas previstas para los delitos por los que llegaron a juicio.

Tras cinco jornadas de alegatos y varios meses de juicio oral, el fiscal Fermento contó los puntos más importantes de los fundamentos. "Lo primero que hicimos fue explicar cómo fue el proceso de genocidio en el país. Son pocas las sentencias por crimenes perpetrados en la época previa al golpe de Estado", explicó Fermento en diálogo con NuevaBA
 
Luego de dos decadas de construcción de enemigo interno, en el año 1973 la aparición del componente de la paraestatalidad, según el fiscal, fue crucial para "el viraje de ofensiva hacia el hostigamiento de una parte de la población y la preparación de lo que iba a ser la próxima etapa de la Dictadura".
 


"Empezamos relatando lo que fue el derrotero del grupo paraestatal en el año 1974", explicó Fermento. "En Bahía Blanca habia una puja por la dirección de la CGT local, que la termina ganando Rodolfo Ponce, uno de los que nosotros identificamos como jefes de la Triple A en la ciudad".

Y continuó: "Cabe mencionar que Ponce era en ese momento Diputado Nacional". El fiscal resaltó que "esta patota realizó diversas acciones violentas en la ciudad, con gente dentro de las Universidades Nacionales de la ciudad, la UTN y la UNS".
 
En total hubo una serie de 24 asesinatos perpetrados por esta banda de la Triple A en la ciudad, que comenzaron en septiembre del 74 con el homicidio de un delegado de la construcción y militante del PRT: Luis Jesús "negrito" García. "A partir de entonces empieza el patrón de actuación propio y conocido por todos de lo que es la Triple A. Se dieron 24 asesinatos en un periodo de 14 meses, que tuvieron la característica de ser secuestros nocturnos, acribillamientos y abandono de cadaveres junto a los caminos", precisó.
 
El siguiente punto de inflección, según explicó Fermento a NuevaBA, estuvo en la penetración de la organización criminal en la Universidad del Sur de manera formal, con la designación de un rector que respondía a Ponce, que fue Remus Tetu, un rumano exiliado que había sido "un ferreo militante anticomunista de la dictadura de Rumania aliada del nazismo". 

"Remus Tetu introdujo a la misma patota que había actuado en la UTN como cuerpo de seguridad de la UNS", relató el fiscal y agregó que "además llevó adelante políticas de persecusión en la universidad".
 
Uno de los casos más emblemáticos de la Triple A en Bahía Blanca fue el de David "Watu" Cileruelo, un estudiante que era secretario de la Federación Universitaria del Sur y militante de la Federación Juvenil Comunista y fue asesinado de un disparo en la cabeza el 3 de abril de 1975 en un pasillo del ala de Ingeniería de la UNS.  Según las investigaciones de la fiscalía, los perpetradores de este homicidio fueron Jorge Argibay, integrante de la custodia de Tetu, quien estaba acompañado por Raúl Roberto Aceituno, uno de los acusados de la causa.
 


Esta investigación llevada adelante por la Fiscalía que dirige Fermento apuntó a demostrar que se conformó una asociación ílicita creada para llevar adelante delitos penales, tales como homicidios. "Pudimos constatar la pertenencia de los cuatro imputados a la organización criminal. Los cuatro fueron contratados por Remus Tetu para integrar el cuerpo de Seguridad". De esta manera el fiscal explicó: "Ésta actuación de los cuatro trascendió de la designación ya que venían actuando como grupo paraestatal desde antes del ingreso a la UNS y en espacios ajenos". Hubo documentación de inteligencia que los sindicaba en la junta nacional de granos, donde aparecían tres de los actuales acusados integrando cargos dentro de la asociación de personal de la junta".

Fermento resaltó: "Esto acreditaba además su pertenencia a la juventud sindical peronista, del ala más ortodoxa y de derecha y a la figura de Ponce. Incluso llegamos a constatar que utilizaban un vehiculo que recibió un nombre muy conocido acá en la ciudad de La Plata que recibió el nombre de La Fiambrera".
 
En el alegato, el fiscal hizo mención al papel del diario La Nueva Provincia en la coordinación con estos grupos paramilitares. "Entre los meses de enero y febrero de 1975 La Nueva Provincia editó 5 o 6 editoriales solicitando la intervención de la Universidad del Sur, que casualmente coincide con el tiempo en el que estuvo Remus Tetu de rector. Hay editoriales que incluso van a acompañar en la misma edición con comunicados de Ponce reclamando la misma medida, que la universidad fuera intervenida. Es decir que desde un principio el diario estaba detrás de este proyecto de persecusión política", dijo.
 
"Creemos que LNP fue responsable por omisión al no comunicar a la ciudadanía algo que era obvio, que es que se trataba de homicidios que estaban totalmente conectados. Estamos hablando de dos asesinatos por mes que tenían las mismas características en un momento en que ya se hablaba y se conocía sobre la Triple A en el país", aseveró el fiscal sobre el diario que en esa época era propiedad de Vicente Massot, tío del exdiputado Nacional de Cambiemos y actual dirigente del PRO Nicolas Massot.
 
Las causas contra grupos paramilitares que accionaron previo a 1976 tienen, según Fermento, varias particularidades distintas a los procesos que llevaron a la condena de algunos de los genocidas que llevaron adelante el Gobierno Militar: "La diferencia más clara es que tratás con la paraestatalidad. No tenés anclaje en lo que es la normativa de la organización estatal, tale como una unidad estatal o policial. Todo lo que es reglamentación represiva estatal en este caso no está, entonces hay que hacer una tarea de reconstrucción mucho más inductiva a partir del rastreo de los actos en concreto y los vínculos del grupo con fuerzas militares y policiales".

"En este caso llegamos a tener el testimonio del hijo de uno de los integrantes de la patota, quien declaró cómo su padre llegaba varios noches durante la semana después de haber realizado asesinatos y jactandosé de haberlos perpetrados, con objetos robados a sus víctimas. "Además esta persona que contó sobre los guiones que mantenía el padre con uno de los jefes del destacamento de inteligencia de Bahía Blanca, en las cuales recibía armas de parte de esta unidad militar." "También tuvimos la declaración de un barman que trabajaba en un bar al que iban los integrantes de ésta patota incluidos los imputados, que contó por ejemplo que estos hombres dejaban armas arriba de la mesa", concluyó el fiscal.
 


 
LAS CAUSAS SOBRE DELITOS DE LESA HUMANIDAD PREVIOS AL GOLPE DE ESTADO
 
En 2017 el TOF1 de La Plata condenó a Carlos "el Indio" Castillo a cadena perpetua y absolvió a Juan José Pomares, integrantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU, un grupo parapolicial con estrechos vínculos con la Triple A que prácticamente era su brazo universitario principalmente en La Plata y Mar del Plata.

Justamente en la ciudad balnearia el 17 de diciembre del 2020 el Tribunal Federal de esa localidad dio a conocer la sentencia a Eduardo Salvador Ullúa, quien recibió la pena de prisión perpetua y a Oscar Héctor Corres que recibió cinco años de prisión. Esta sentencia fue parte de la segunda etapa de juicios a la CNU. Antes de eso, en diciembre de 2016 el mismo Tribunal Federal de esa ciudad condenó a al ex fiscal federal Gustavo Demarchi al considerarlo culpable de seis asesinatos y asociación ilícita en el marco de la causa donde se investigaron los crímenes de la CNU.
 
La misma pena recibieron el militar retirado Fernando Alberto Otero y el ex docente del Servicio Penitenciario Bonaerense, Mario Ernesto Durquet. En tanto, José Luis Granel fue condenado a siete años de prisión por ser coautor del delito de asociación ilícita. De acuerdo al veredicto, continuará en libertad hasta tanto la sentencia quede firme, aunque se dispuso la prohibición de la salida del país.
 
Por su parte, Juan Pedro Asaro recibió una pena a cinco años por el delito de asociación ilícita y absuelto respecto al homicidio de María del Carmen Maggi. La condena, advirtió el Tribunal, ya fue cumplida por los años que lleva de prisión preventiva por lo que se ordenó su inmediata libertad.
 
Por otro lado, Juan Carlos Asaro y Roberto Justel fueron condenados por el delito de asociación ilícita a la pena de tres años de prisión en suspenso y no quedarán detenidos. Raúl Viglizzo y Raúl Rogelio Moleón fueron absueltos. Respecto de los imputados fallecidos, Roberto Coronel y Marcelo Arenaza, se determinó extinguida la acción penal.
 
Mientras, en 2016 la Jueza Maria Servini de Cubria condenó por asociación ilícita a cinco integrantes de la Triple AJorge Conti, Carlos Villone, Julio José Yessi, Norberto Cozzani y Rubén Pascuzzi, quienes integraron la organización paramilitar desde cargos formales en el Ministerio de Bienestar Social que conducía José López Rega.
 
Por otra parte, hay varias causas en estado de instrucción, es decir aún no han sido elevadas a juicio oral, por los crímenes de Monte Chingolo en Tucumán y otros crímenes perpetrados en la Ciudad de Buenos Aires.

 


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