Cuál es la importancia del proyecto que aprobó Diputados para expropiar terrenos para hacer cárceles

Por Juan Vera Visotsky


La Cámara Baja de la provincia de Buenos Aires aprobó el proyecto que impulsó Axel Kicillof para expropiar terrenos en Morón, Quilmes, Merlo, Moreno, La Matanza, Tigre, Lanús, Tres de Febrero y Ezeiza con el objetivo de construir cárceles o alcaldías en esos predios.
 
La iniciativa contó con el visto bueno de legisladores oficialistas y opositores, lo cual le otorga media sanción, pese a algunos amagues de rechazo de sectores de Juntos por el Cambio en las discusiones mediáticas previas.

La iniciativa redactada por el Ejecutivo forma parte del Plan de Infraestructura Penitenciaria impulsado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, que establecía la expropiación de terrenos del Conurbano para edificar alcaidías y que fue sancionado en noviembre de 2020.
 
En un primer momento, la discusión en la Legislatura se encontró con la reticencia por parte de sectores de Juntos por el Cambio que expresaron dudas sobre ciertos puntos del articulado en relación a los terrenos elegidos. Sin embargo, por entonces coincidieron en la necesidad de contar con nuevos y más espacios carcelarios, una deuda que prometió saldar pero no cumplió la administración de María Eugenia Vidal y que venía de años de arrastre.
 
De esta manera, y luego de algunas negociaciones y el aval de los intendentes, el Frente de Todos consiguió el apoyo de la oposición y pudo avanzar con la iniciativa. Ahora, se espera que el proyecto se trate próximamente en el Senado, donde podría convertirse en ley.
 
Las locaciones de las nuevas alcaidías tienen su fundamento en que el 69,2% de los presos tienen domicilio dentro del conurbano, y el total de plazas que posee el sistema para alojar a personas en ubicaciones cercanas en dicha región es de apenas el 38,7%. Las nuevas expropiaciones se sumarán a las aprobadas el año pasado en las localidades de Quilmes, Merlo, Moreno, La Matanza y Tigre.
 
 
 
LA IMPORTANCIA SEGÚN EL OFICIALISMO
 
Desde el ministerio de Justicia que conduce Alak, expresaron que lo que se busca es construir alcaidías para disminuir el hacinamiento en comisarías. "Así la fuerza policial no quede afectada al cuidado de detenidos y este en la vía pública para la prevención del delito. Las alcaidías son un paso intermedio hasta llegar o no a una unidad penitenciaria”, dijeron voceros oficiales del ministerio.
 
"Cuando Scioli dejó el gobierno teníamos 27 mil internos en todas las alcaldias y cárceles del servicio penitenciario con una capacidad para 23500 personas. Cuando Kicillof asumió, en medio de la huelga de hambre más grande de la historia del servicio penitenciario, la cantidad de reclusos que había entre alcaldías, unidades penitenciarias y comisarías era de 52 mil reclusos", explicó la legisladora provincial del Frente de Todos Susana González.

Ese dato, en términos objetivos, arroja que sólo en los cuatro años de gobierno de Vidal se casi se duplicó la cantidad de presos alojados pero no hubo un correlato en la ampliación de las plazas disponibles.
 
Una denuncia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intimó a la Argentina para que cambie las condiciones de alojamiento y hacinamiento que había en todo el servicio penitenciario, pero específicamente en la Provincia de Buenos Aires.
 
"A ningún gobierno le gusta hablar de presos ni de construcción de cárceles, pero esta gestión desde que asumió se ocupó de resolver el problema de la huelga de hambre, el pago a proveedores y los que generó el covid (como el tener que generar insumos, historias clinicas y salas hospitalarias en las alcaldías y cárceles)", continuó González en diálogo con éste portal.
 
"La Provincia no puede tener un gobierno como el de María Eugenia Vidal, una política criminatoria o criminal de ataque a la pobreza y delitos menores como el menudeo en las drogas y dejar las cárceles en la situación que las dejó", dijo la Diputada, que además preside la comisión de asuntos constitucionales de la Cámara Baja bonaerense.
 
"Lo que hizo este gobierno con Julio Alak a la cabeza fue analizar la situación carcelaria, hablar con el gobernador, ver cuales eran las posibilidades de generar condiciones dignas para cada uno de los que están privados de la libertad, que siguen siendo personas y ciudadanos", expresó la mujer de Ensenada.
 
Con ésta ley se elaboró un plan para poder expropiar determinadas tierras en distintos lugares de la Provincia y poder construir ahí alcaldías y cárceles. Para González esto se trata de "el cumplimiento de una de las promesas de gobierno".
 
"Creo que esa es una manera responsable de cumplir con el fallo de la CIDH y con la constitución nacional que dice que las cárceles deben ser para la rehabilitación de los reos", agregó.
 
Según la información con la que cuenta la Provincia, el 90% de la población carcelaria está compuesta por reincidentes y los que no reinciden son los que cuentan con educación primaria y secundaria. "No se puede tener instrucción secundaria o universitaria en un lugar donde viven hacinados en pésimas condiciones", aseveró González. "Me parece que es un paso muy importante para establecer cuál es la política que tiene el gobierno para abordar el crimen. Los ejes son la seguridad, la prevención del delito, la profesionalización de las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario, que tiene que ser un lugar donde se pueda resocializar a aquellos que cometen delitos", concluyó la diputada provincial del Frente de Todos.