Judiciales

Barrera denunció quitas de cápitas al Hospital de Villa Gesell por parte de PAMI

Se trata de una pérdida económica de 10 millones de pesos mensuales al Municipio. Los fondos se desviarían a una clínica privada de General Madariaga. El jefe comunal de dicho distrito también denunció el hecho.



El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, confirmó este lunes que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Federal de Dolores contra el PAMI por la quita de más de mil cápitas que históricamente eran atendidas en el Hospital Municipal Arturo Illia.
 
“Hoy efectué una denuncia en la Fiscalía Federal de Dolores, vinculada con PAMI, para que se investigue la disminución y quita de cápitas asignadas al Hospital de Villa Gesell, lo que causa un grave perjuicio a las arcas municipales”, expresó el jefe comunal a través de sus redes sociales.


 
Días atrás, Barrera ya había denunciado públicamente que el desvío de esas cápitas hacia una clínica privada de General Madariaga implicaba una pérdida estimada en 10 millones de pesos mensuales para el sistema de salud local. Según el Intendente, pese al traslado administrativo, la mayoría de los afiliados continúa recibiendo atención en el hospital público.
 

"El hospital presta la atención, pero no cobra. Cobra otro”, advirtió en declaraciones radiales.


 
Desde la Asesoría Legal y Técnica del municipio indicaron que la denuncia busca esclarecer si existieron actos de corrupción o irregularidades administrativas en la decisión del PAMI de redireccionar los fondos sin aviso ni consulta previa.
 
La presentación judicial podría derivar en pedidos de información a las autoridades nacionales y locales del PAMI, especialmente a Javier Russo, jefe de la oficina de la obra social en Villa Gesell, a quien Barrera ya había señalado públicamente como responsable del perjuicio.
 
El reclamo geselino se suma a los de otros jefes comunales de la región. Intendentes de Pinamar y General Madariaga también expresaron su preocupación por situaciones similares y evalúan acciones judiciales conjuntas para exigir la restitución de las cápitas desviadas a prestadores privados.



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