La Justicia declaró inconstitucional un intento del Gobierno nacional de limitar tasas municipales

La Cámara Federal de San Martín declaró la inconstitucionalidad de una resolución del Ministerio de Economía de la Nación que limitaba el cobro de tasas por parte de los municipios, en un fallo que representa un duro revés para el Gobierno nacional y un triunfo judicial para la Municipalidad de Escobar, que puede sentar un precedente importante de cara a la autonomía de los municipios.

El tribunal de alzada confirmó lo dispuesto previamente por el Juzgado Federal de Campana, al sostener la plena autonomía de los gobiernos locales para gestionar sus recursos.

La resolución cuestionada es la N° 267, firmada en septiembre de 2024 por la Secretaría de Industria y Comercio, área dependiente del ministro Luis Caputo. La norma impedía a los municipios incorporar en sus tasas conceptos que no surgieran directamente del valor pactado entre consumidores y prestadores de servicios. En este criterio, se intentó en reiteradas ocasiones quitar tasas en facturas de telefonía, servicios de luz, gas, entre lo más destacado.

En su momento, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, había advertido que se trataba de un intento por “avasallar la autonomía municipal” y cuestionó al ministro Caputo por sus “bravuconadas y ataques” a las administraciones locales.

“Grave perjuicio social”

En su fallo, la Cámara consideró que la resolución implicaba un “grave perjuicio social” y una “inusitada gravedad inconstitucional”. De haber seguido en vigencia, habría comprometido el financiamiento de servicios esenciales como el alumbrado público, la recolección de residuos y el mantenimiento vial, además de afectar áreas clave como salud, educación y seguridad.

La decisión judicial también permite retomar varias obras que estaban financiadas con fondos municipales y que habían quedado paralizadas tras la interrupción de transferencias desde Nación a partir de diciembre de 2023.

Con este pronunciamiento, la Justicia sentó un precedente importante en defensa de la autonomía de los municipios y marcó un límite claro frente a eventuales injerencias del Ejecutivo nacional en la administración de los gobiernos locales.