Tras idas y vueltas, Santilli será el 1 de diputados nacionales de LLA: ¿y las boletas?

La Cámara Nacional Electoral revocó el fallo del juez Alejo Ramos Padilla y determinó que Diego Santilli será finalmente el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en la lista de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones del próximo 26 de octubre. Y si bien no será Karen Reichardt la 1 (permanecerá en el segundo lugar) por ahora las boletas tendrán la cara de Espert en los atriles de votación.
 
El tribunal de alzada —integrado por los jueces Daniel Bejar y Santiago Corcuera— contradijo y cuestionó duramente el criterio adoptado por Ramos Padilla, al considerar que su interpretación de la ley resultó “subjetiva” y carente de fundamentos suficientes. La resolución concluye así el proceso judicial iniciado tras la renuncia de José Luis Espert, quien abandonó su candidatura luego de quedar involucrado en la causa por presunto financiamiento narco vinculado al empresario Fred Machado.
 

En su resolución, la Cámara sostuvo que la decisión se fundamenta en la Ley 27.412 de Paridad de Género y su decreto reglamentario, que establecen que las vacantes deben ser ocupadas por personas del mismo género que el candidato reemplazado. En este caso, al tratarse de un varón, correspondía que el reemplazo fuera también masculino.

 
“El criterio que aquí se establece debe entenderse en consonancia con el rol activo que esta Cámara ha asumido en la tutela de la igualdad de género hacia el interior de los partidos políticos, del mismo modo en que lo ha hecho para los cargos públicos electivos”, expresaron los camaristas en los fundamentos del fallo.
 
La decisión implica que Santilli, quien originalmente ocupaba el tercer lugar en la lista, pasará a encabezar la nómina, desplazando a Karen Reichardt, que figuraba en la segunda posición y allí continuará.
 
El tribunal de alzada fue especialmente crítico con la actuación del juez de primera instancia. Señaló que Ramos Padilla se apartó de la normativa vigente al realizar una interpretación “subjetiva” y al declarar inconstitucional la ley de paridad sin argumentos suficientes. Además, le reprochó haber desconocido la jurisprudencia consolidada en casos anteriores y aplicar erróneamente un precedente relativo a la categoría de senadores nacionales.
 
La resolución también marca distancia con el dictamen del fiscal Ramiro González, que había coincidido con el juez en su rechazo a la modificación del orden de la lista.
 
Próxima definición pendiente
 
En paralelo, la Cámara deberá resolver otro planteo presentado por La Libertad Avanza, vinculado a la posibilidad de reimprimir las boletas para evitar que figure el nombre y la imagen de José Luis Espert, quien ya no es candidato. Ese pedido fue rechazado en primera instancia por la Junta Electoral Nacional con competencia en la provincia de Buenos Aires.
 
Desde el espacio libertario insisten en que la permanencia de Espert en las boletas podría perjudicar el desempeño electoral de la lista, debido a su estrecha relación con el presidente Javier Milei, que lo respaldó hasta pocas horas antes de su renuncia. Sin embargo, el resto de los frentes políticos rechazó la posibilidad de la reimpresión e incluso hubo varios planteos de que los tiempos serían imposibles de aplicar para tener las nuevas boletas a tiempo para el 26 de octubre.
 
De hecho, hace unos días y en caso de que los avances administrativos sean “impecables” estarían listas a tan sólo 72 horas de los comicios y sin repartir, lo que podría complejizar el acto eleccionario. Con el correr de los días y las apelaciones, ya los tiempos no serían suficientes para cambiar las 15 millones de boletas únicas con la cara de Espert.
 
Con esta decisión, la Cámara Nacional Electoral no sólo resolvió la interna judicial de La Libertad Avanza, sino que además ratificó la vigencia del principio de paridad de género en los procesos de reemplazo de candidaturas. El pronunciamiento sienta un precedente relevante en la antesala de las elecciones legislativas, al reafirmar la obligación de los partidos políticos de cumplir con los criterios de igualdad establecidos por la normativa electoral.