- Política
- 10.01.2026
El gobierno de Milei en su máxima expresión
Según la CPM, se duplicaron las represiones a la protesta social en el segundo año del gobierno de Milei
Un informe del organismo de derechos humanos bonaerense señaló que cuatro de cada diez movilizaciones fueron reprimidas en 2025 y advirtió un fuerte aumento de heridos y detenciones arbitrarias.
El segundo año del gobierno de Javier Milei registró un fuerte incremento de las acciones represivas contra la protesta social, de acuerdo al informe anual publicado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). El organismo, que integra el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, precisó que durante 2025 cuatro de cada diez movilizaciones públicas fueron reprimidas y que se duplicaron los episodios en relación al año anterior.
Según el relevamiento, la CPM monitoreó 79 marchas a lo largo del último año, de las cuales 34 registraron hechos represivos. En 2024, en tanto, se habían documentado 17 represiones sobre un total de 60 manifestaciones. En ese marco, el informe señala que al menos 1.369 personas resultaron heridas.
El documento dedica un apartado especial a los casos de lesiones de gravedad, entre ellos el del fotógrafo Pablo Grillo y los de Jonathan Leandro Navarro y Rodrigo Troncoso, quienes perdieron la visión de uno de sus ojos tras el impacto de balas de goma. Al respecto, el informe remarca que “se duplicó la cantidad de trabajadores de prensa heridos entre un año y otro y se cuadriplicó la cantidad de heridos en adultos mayores”.
La CPM también informó que durante 2025 se produjeron 165 detenciones arbitrarias, mientras que en el primer año de gestión de Milei, junto a la implementación del protocolo antipiquetes impulsado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, se habían contabilizado 93.
El organismo responsabiliza no solo al presidente Javier Milei y a la ministra Bullrich, sino también al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. En ese sentido, sostiene que “siguen incrementando la represión a la protesta social para disuadir el repudio callejero y el malestar que generan las políticas socioeconómicas de la gestión del Estado nacional”.
El informe afirma además que la represión “ha sido sistemática, pero selectiva” y dirigida principalmente contra movimientos sociales, sindicales y políticos, con el objetivo de “limitar el ejercicio del derecho a la expresión y la manifestación pública de la disidencia”. En esa línea, señala que durante el primer año de gobierno el foco estuvo puesto en las movilizaciones de organizaciones sociales y piqueteras, mientras que en el segundo año “el blanco pasaron a ser las agrupaciones de jubilados que se movilizan los miércoles frente al Congreso”.
El relevamiento también contabiliza personas heridas pertenecientes a distintos sectores: trabajadores de prensa, jubilados —con 155 casos—, niños y adolescentes —cinco casos— y defensoras y defensores de derechos humanos que se encontraban monitoreando las manifestaciones, con al menos 20 personas alcanzadas por la represión.
En cuanto a los métodos utilizados por las fuerzas de seguridad, el informe detalla el uso de postas de goma disparadas a corta distancia, gas pimienta aplicado directamente en el rostro, disparos cinéticos con pistolas o escopetas Byrna, granadas de gas lacrimógeno, camiones hidrantes y golpes con bastones y tonfas.
Respecto de las detenciones arbitrarias, el documento precisa que aumentaron un 77 por ciento. Del total de 258 detenciones registradas en los dos primeros años de gobierno de Milei, 165 se produjeron en 2025. En la mayoría de los casos, se realizaron durante la desconcentración de las manifestaciones, imputando a las personas delitos como atentado y resistencia a la autoridad o daños.
El informe también denuncia tareas de inteligencia ilegal relevadas en el 69 por ciento de las marchas monitoreadas y la portación de armas de fuego con balas de plomo —prohibidas en este tipo de operativos— en el 78 por ciento de los casos.
“El menosprecio recurrente al rol del Estado como garante de derechos por parte del presidente es un claro indicador de la orientación del actual gobierno en materia de derechos humanos”, sostiene el documento, y agrega que esa postura “está lejos de inscribirse en las tolerables diferencias y perspectivas que pueden darse en una democracia plural”.
- AUTOR
- Alexis Grierson
- SECCIÓN
- Política





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