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ENTREVISTA EXCLUSIVA

Jorge Calzoni: "Cada vez que el FMI influyó en las políticas argentinas, todo fue peor para el pueblo"

En diálogo con Nueva BA, el rector de la Universidad Nacional de Avellaneda analizó la actualidad económica y advirtió que el panorama es "desalentador". También cuestionó el recorte presupuestario en las universidades y el decreto que elimina los convenios técnicos con el Estado y pidió cambiar la dirección de las políticas económicas.

Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda. Foto: Prensa UNDAV.

Por Mauro Castro

"Tenemos que salir de las recetas económicas que no nos llevan a ningún lado"
, dice Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, al referirse al momento económico de la Argentina tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En esa línea, rechaza el préstamo solicitado a ese organismo de crédito: "Los argentinos estamos curados de espanto. Ya conocemos las consecuencias".

Tras el acuerdo con el FMI, el Gobierno nacional aceleró su plan de ajuste sobre distintas áreas del Estado. La universidad no escapa a los recortes. Nueva BA le pregunta a Calzoni por las recientes medidas tomadas por Mauricio Macri, una de las cuales es la eliminación vía decreto de los convenios de asistencia técnica con el Estado. El rector de la UNDAV cree que el FMI tiene "mucho que ver", pero aclara: "Toda decisión política está marcada por un sesgo ideológico".

En una charla exclusiva con este medio, Calzoni, máxima autoridad de la UNDAV desde 2010, analiza el escenario económico actual y reclama "una discusión de fondo" para "salir de las crisis permanentes" que atraviesa el país. "Debemos poner lo mejor de cada uno", subraya. Y avizora un "horizonte negro" si el Gobierno no corrige la dirección de sus políticas económicas.

—¿Cómo tomó el decreto del Gobierno que recorta los convenios técnicos del Estado con las universidades?

—Esto no empezó ahora, sino en 2016. En diciembre de 2015, el Gobierno había anunciado que se iban a revisar los convenios con las universidades y que los ministerios tenían que dar el visto bueno para prorrogarlos o no. En ese momento hubo algunos recortes y muchos convenios se cerraron; otros quedaron vigentes e incluso algunos cambiaron de universidades, según la decisión de cada ministerio. Ahora, a partir del acuerdo con el Fondo, se eliminan formal y definitivamente. Para las universidades hay un perjuicio desde el punto de vista presupuestario porque usamos prácticamente todos los recursos para pagar salarios, crecer y ejecutar programas. Sin embargo, la medida no impacta tanto en lo presupuestario sino en las actividades que se realizan en materia de extensión o investigación. Desde el punto de vista del funcionamiento veo un problema.

—¿Desde cuándo existen esos convenios?

—Cuando estalla la crisis de 2001, las universidades no hacían trabajos con el Estado. Las que asesoraban al Estado eran consultoras privadas que utilizaban recursos humanos de las propias universidades pero facturaban ellas. En la transición de (Eduardo) Duhalde se empieza a establecer un vínculo con las universidades. Incluso en esa época salió un decreto que las nombraba como ‘consultoras privilegiadas del Estado’. Los convenios se profundizan cuando asume Néstor Kirchner, pero eso se ve mermado a partir de 2016.

Hay áreas del Estado que funcionan básicamente a partir de esto. En algunos casos, el Estado hacía trabajos vía tercerización para resolver problemáticas puntuales, como en ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo), mediante un convenio con la Universidad de La Matanza. Seguramente eso había que modificarlo para que esa gente pasara a ser personal de ACUMAR; era una transición para poner en marcha un determinado programa y luego ver si quedaba o no como permanente. Pero esto no es una decisión de ese tipo, sobre si es conveniente seguir o no: es claramente económica, para ‘bajar el gasto’.

—¿La eliminación de los convenios tiene algún impacto desde lo laboral? 

—En definitiva, lo que hay que analizar es quién va a hacer esos trabajos. Y acá aparecen dos problemas: por un lado, los trabajos propiamente dichos de asistencia técnica; y por otro, los contratos, porque evidentemente muchos técnicos y profesionales van a quedarse sin empleo. Ahí sí hay un impacto directo en cuanto a los despidos, que es una situación que se viene dando en el Estado en los últimos dos años. Hay que ver si esos profesionales van a ser captados por consultoras privadas para volver al esquema del 2001 o si va a pasar otra cosa.

—Más allá del argumento económico y de que el Gobierno justifique el ajuste en la necesidad de achicar gastos, ¿no hay detrás una visión ideológica sobre el rol de la universidad pública?

—Claramente. En 2001, cuando el neoliberalismo se impone como receta económica, algo que tenía que ver con la caída del Muro de Berlín y el Consenso de Washington, se plantea que son las consultoras externas las que tienen que hacer los trabajos para el Estado. ¿Por qué iban a hacerlo las universidades? También tiene mucho que ver el acuerdo con el FMI. Es una política que el Fondo sugiere en los lugares donde actúa. Hay un sesgo ideológico, una concepción política que ve que las universidades no deben hacer ese trabajo, que lo tienen que hacer otros. En todo caso, utilizan muchas veces los recursos humanos de las universidades, pero para que facture el sector privado.

"Todas las obras nuevas están paralizadas. No entendemos por qué no se ejecutan. Ya es una decisión política y no un problema económico".


—¿En ese marco se inscriben las recientes declaraciones de Vidal sobre el acceso de los pobres a la educación superior y las críticas de Macri a la creación de nuevas universidades? 

—Sí, es una visión ideológica, una forma de entender a la universidad pública. En esa lógica hay una incomprensión de por qué la universidad es gratuita. El sistema argentino es bastante armónico, hay universidades públicas y privadas casi en partes iguales. El tema de la gratuidad surge en la última Conferencia Regional de Educación Superior como un tema muy discutido no solamente por la Argentina, sino por el resto de los países. Chile tiene una discusión muy fuerte en esto. Uruguay tiene una tradición muy parecida a la nuestra. A veces nos comparamos con países como Finlandia, pero Finlandia tiene gratuidad en la enseñanza y un 12 por ciento de su presupuesto aplicado a la educación superior, mientras que nosotros no llegamos ni al uno por ciento. No podemos esperar demasiados resultados con un esquema de financiamiento de ese tipo. Mientras tanto, crece el financiamiento de los servicios de deuda. Esa fue una de las causales de la crisis de 2001, cuando la deuda estalló y no se podía pagar más. Es importante tener claro eso: son decisiones políticas, pero las decisiones políticas están marcadas claramente por un sesgo ideológico.

—¿Cómo impacta en las universidades el recorte presupuestario de 3000 millones de pesos?

—No es que esos fondos se recortaron, sino que directamente no se asignaron. Ante la preocupación de todo el sistema universitario argentino, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) pidió una reunión formal con el Jefe de Gabinete (Marcos Peña) y el Ministro de Educación (Alejandro Finocchiaro), que garantizaron que no iba a haber subejecución. Pero así y todo, muchas universidades necesitamos recursos adicionales que debe aprobar el Congreso. Si nosotros contáramos con esos recursos, seguramente gran parte de nuestros problemas se resolverían; si no contamos con ellos, vamos a tener serias dificultades. De hecho, algunas universidades están declarando la emergencia económica y financiera porque no llegan a cubrir los sueldos de acá a fin de año. Hoy el sistema tiene esa preocupación y este nuevo decreto sobre los convenios abona la incertidumbre en la que vivimos desde hace un tiempo.

Foto: Prensa UNDAV.

—¿Y con respecto a las obras en las universidades? También se anunció un ajuste en ese punto.

—Todas las obras nuevas están paralizadas. Las viejas tienen algunas dificultades en cuanto a pagos, porque se está pagando diferido. Hay algunas obras que se ejecutaban con créditos del CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) y Argentina sólo tenía que poner la contraparte. No entendemos por qué no se ejecutan. En ese caso ya es una decisión política y no un problema económico. Nos garantizaron que las obras que están en marcha se van a terminar, pero las nuevas no se van a iniciar. Nosotros tenemos un problema ahí, porque el Colegio Secundario Técnico que tiene la UNDAV nunca pudo tener edificio propio. Hicimos una gran cantidad de esfuerzos a pulmón para mantenerlo en funcionamiento, pero tenemos severas dificultades porque no podemos ampliarlo. Tenemos que congelar los cupos porque no hay chances de tener más aulas. Eso nos afecta y perjudica sobre todo el crecimiento de las universidades nuevas, que requieren aulas, laboratorios.

"Para el Gobierno, la discusión es 'shock o gradualismo'; pero lo que debería discutir son las políticas, no si la agonía es más rápida o más lenta".


—¿Esa paralización también deriva del ajuste reclamado por el FMI? En muchos municipios también se pararon obras tras la firma del acuerdo.

—Uno presupone que sí, porque claramente hay una decisión política de no invertir en nada nuevo, de no avanzar en ningún tipo de desarrollo. En algunos casos el problema ni siquiera es económico, sino político, porque si tenés el financiamiento no hay motivos para no hacerlo. Son cuestiones que cuesta comprender. Tengo entendido que es una decisión en virtud de este acuerdo, cuyas consecuencias ya conocemos los argentinos. Estamos curados de espanto con estas cosas, por eso la gran mayoría está en desacuerdo con el FMI: porque cada vez que influyeron en las políticas argentinas, lamentablemente todo fue peor para el pueblo. La historia nos muestra esto. Ojalá esta vez no sea así, pero uno tiene pocas expectativas de que pueda ser distinto. Lamentablemente uno prevé que el horizonte es bastante negro en ese aspecto.

—¿Qué análisis hace de la realidad económica del país?

—La veo difícil, muy compleja. No creo que sea sólo una tormenta, como dice el Gobierno. Creo que el gran problema es la dirección. Si un país periférico como Argentina libera todo el comercio, no tiene destino. Este tipo de políticas son viejas, ya se han probado y no han funcionado bien. Si desregulás el comercio exterior, el tipo de cambio y las tarifas va a aumentar todo; y el mercado jamás va a trabajar en favor de los consumidores, sino en favor de sus intereses. Por eso el Estado tiene que regular. Si el Estado no lo hace, habrá incrementos cada vez mayores. Cualquier movimiento en la economía, sobre todo en una economía periférica, influye mucho. Veo un panorama muy desalentador. En la macroeconomía no están acertando con las medidas. Cada medida requiere un endeudamiento mayor y eso requiere más intereses de deuda y trae menor inversión y por lo tanto menor desarrollo. El panorama que uno vislumbra es bastante complicado.

—¿Cómo se hace para salir de la crisis?

—Me parece que Argentina debe darse una discusión de fondo, salir de estas recetas que claramente no nos llevan a ningún lugar y definir políticas de Estado claras que sean llevadas adelante de una buena vez por todas por quienes gobiernan el país. La discusión en el Gobierno es ‘shock o gradualismo’, pero lo que hay que discutir son las políticas, no si la agonía es más rápida o más lenta. Creo que el problema es la dirección y eso es lo que hay que discutir. Y en eso todos deberíamos poner lo mejor de cada uno para pensar en la gente, que es la que sufre las consecuencias. Porque los gobiernos pasan pero después, como dirían los reformistas, los dolores quedan. En ese marco, deberíamos tener la capacidad de visualizar una salida a estas crisis permanentes. Y esta no es una crisis del mundo, sino que se generó a partir de medidas propias que nos llevaron a este camino.


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