El peronismo bonaerense rechaza la compensación a las distribuidoras de gas

Intendentes bonaerenses rechazaron la resolución del gobierno de Mauricio Macri que establece que los usuarios deberán pagar un monto extra durante 24 meses para compensar la pérdida que sufrieron las distribuidoras por la devaluación.

El pionero fue el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, que presentó ayer un amparo para frenar los nuevos tarifazos en el gas y para frenar la compensación a las distribuidoras de gas prevista en la resolución 20/2018.

"Pedimos la suspensión de este ajuste arbitrario que no se discutió nunca en audiencia pública. La gente paga en pesos y no tiene por qué hacerse cargo de tarifas dolarizadas y asegurarle más ganancias a empresas a las que les ha ido bastante bien en estos últimos tres años”, sostuvo.

Lo siguió Mariano Cascallares, jefe comunal de Almirante Brown, que presentó una medida cautelar "en defensa de nuestros vecinos para frenar la compensación prevista por el Gobierno Nacional para beneficiar a las empresas de gas".

La cautelar fue presentada en el Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 3 de Lomas de Zamora. Instituciones intermedias de Almirante Brown acompañaron la presentación de Cascallares.

El intendente del PJ indicó que los vecinos pueden sumar su apoyo a la cautelar a través de un formulario disponible en la web oficial del municipio.

También se sumaron a la medida Juan Zabaleta y Alberto Descalzo. El primero presentó un amparo junto a los presidentes de los centros de jubilados de Hurlingham para "frenar esta locura de aumentos de tarifas que busca imponer el Gobierno".

En la misma línea, tras hacer la presentación judicial, el intendente de Ituzaingó calificó a la resolución de Macri de "ilegal, irracional y arbitraria" y le apuntó al ministro de Energía, Javier Iguacel, que dijo que quienes critican los aumentos son "militantes que quieren asustar a la gente".

"Invitamos al funcionario Iguacel a que cruce la General Paz, deje su sillón cómodo, camine junto a nosotros los municipios y escuche a la gente", dijo.

Las reacciones en la Legislatura

Los bloques de senadores y de diputados de Unidad Ciudadana repudiaron la medida a través de un proyecto de declaración y le exigieron a María Eugenia Vidal que interceda para frenar su aplicación en la provincia de Buenos Aires.

Los legisladores kirchneristas propusieron que los usuarios residenciales presenten un documento en las empresas distribuidoras locales para "exigir que se abstengan de aplicar el cobro de un concepto 'ilegal' en sus facturas".


Teresa García se amparó en el Código Civil y afirmó que "quienes ya hayan abonado las facturas de gas de abril a octubre están liberados de toda obligación de pagar un retroactivo por el mismo concepto”.

“El Gobierno viola el principio de irretroactividad y el derecho a la propiedad”, advirtió la presidenta del bloque de senadores de Unidad Ciudadana.

Además, en una declaración de repudio presentada en la Legislatura, los bloques kirchneristas le reclamaron a la Gobernadora que "disponga las medidas que prohíban la traslación de la deuda de las empresas” a los usuarios.

En el texto de la declaración, las bancadas kirchneristas expresaron su “más enérgico rechazo a la Resolución 20/2018 dictada por la Secretaría de Energía del Ministerio de Hacienda”.

“Con esta definición, el Gobierno elige garantizar la rentabilidad de las empresas, asegurándole el mínimo costo posible a expensas de las y los ciudadanos, desconociendo el contexto de crisis y ajuste", denunciaron desde UC.

"Una vez más, el Gobierno propone una extraordinaria transferencia de recursos de la población a las grandes empresas”, agregaron.


La medida también generó un fuerte rechazo en el Congreso nacional. Por iniciativa de Cristina Fernández de Kirchner, los senadores de Unidad Ciudadana presentaron un proyecto para derogar la resolución oficial.

Hicieron lo propio los diputados nacionales de FPV-PJ, comandados por Agustín Rossi. En los fundamentos del proyecto, denunciaron que la política tarifaria de Cambiemos "no es sustentable ni social ni económicamente".

"Esta decisión es consecuencia de la propia política del Gobierno, que ha dolarizado las tarifas y quitado subsidios sin ninguna ponderación del daño y la afectación de derechos de la población en su conjunto y de los sectores de la economía más postergados por este modelo", señalaron.

También el Frente de Izquierda y de los Trabajadores presentó un proyecto en Diputados para derogar la resolución de Macri.