Toma de tierras

La Provincia busca consensuar con intendentes que el desalojo de Guernica sea acordado y con relocalización

Tras la postergación judicial del desalojo, desde el Ministerio de Hábitat de la Comunidad bonaerense explicaron que la idea es que las familias oriundas de Guernica se queden en esa localidad y que los intendentes localicen en sus partidos de origen al resto de las familias. La dificultad para destrabar la situación antes del 1 de octubre, nueva fecha límite.


Tras la postergación judicial del desalojo de la toma de Guernica que iba a comenzar hoy pero que fue postergado por la Justicia hasta el 1 de octubre, desde el Ministerio de Hábitat de la Comunidad bonaerense explicaron que la idea para la que trabaja contrarreloj el Gobierno de Axel Kicillof es que las familias oriundas de Presidente Perón puedan quedarse en ese distrito y que los intendentes localicen en sus partidos de origen al resto de las familias. 

Según publicó Página 12, los funcionarios bonaerense estudian y dialogan con las autoridades municipales que sólo los vecinos procedentes de Guernica se queden allí, mientras que el resto de las familias -que vienen de distintos puntos de la Provincia- sean ubicadas por los intendentes en sus partidos de origen.

Rubén Pascolini, subsecretario de Hábitat de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, lo explicó: “La provincia está pensando, a partir de todo lo que ha sucedido en los barrios populares, atravesados por la pandemia y con deudas estructurales, que esta situación de toma de tierras tiene que dar lugar a un plan integral de hábitat, y en eso estamos trabajando”.

Según el censo realizado por el Estado bonaerense con apoyo de ministerios nacionales, hay 1.904 personas registradas en la toma, aunque el número sería mayor dado que no todos accedieron a censarse. En tanto, las casillas instaladas son 2.344, cada una con su lote.

Lo que tienen en claro en la administración bonaerense es que el tiempo abierto hasta el 1 de octubre por la justicia, es decir la ventana abierta para negociar antes de la nueva fecha para el operativo policial de desalojo, no es suficiente para destrabar una situación tan compleja como la que se plantea en la ocupación, donde hay unas dos mil familias con niños.

Pascolini, en ese sentido, habló de tiempos más largos y mencionó que la provincia quiere “un desalojo acordado”, que implique la firma de actas de compromiso entre el Estado y quienes reclaman un lote donde vivir. 

Esta idea sugiere que consideran improbable que pueda lograrse una solución -en términos de acceder a un lugar- para todos de manera inmediata, debido a todas las gestiones, soluciones y estudios que implica este tipo de solución pacífica. En parte de los casos, el Estado ofrecería firmar un compromiso o algún otro instrumento de ese tipo. 

Del lado de las familias que realizaron la toma, sus abogados señalaron que hasta ayer el ofrecimiento de las autoridades era armar el registro con la promesa de asistencia y seguimiento, "pero el planteo era váyanse y después vemos".

"Hay muchas personas que no pueden volver a donde vivían antes, en algunos casos porque han perdido sus trabajos o por cuestiones de violencia de género", adelantó sobre este punto la abogada María del Rosario Fernández.

En relación con el conflicto tomaron intervención ministerios de la Nación y la provincia, que participan de una mesa de articulación que lleva diez días trabajando para un desalojo acordado. Están los ministerios de Desarrollo Social y de Hábitat y Vivienda nacionales, los de Desarrollo de la Comunidad, Justicia, Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Mujeres y políticas de género y los organismos de Niñez y Adolescencia bonaerenses. 

El enfoque de trabajo del gobierno es "segmentar las problemáticas para darles respuesta". Según expresó el subsecretario de Hábitat, "una primera segmentación es también que cada distrito sea receptor de la población de origen". 

El Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, por su parte, expresó: "La idea es relocalizar a las personas en sus lugares de origen". Asimismo, agregó: "Más allá de que no estamos de acuerdo que el tema esté judicializado, el juez tiene buena voluntad para acompañar las decisiones de la Provincia".

Sobre la fecha del desalojo, apuntó que si bien quedó fijado como el plazo el 1 de octubre, "seguro va a llevar más tiempo".

Una de las principales trabas que falta despejar, aparentemente, es la intendenta de Presidente Perón, representante en ese cargo por Juntos por el Cambio. El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, se reunió Blanca Cantero, que viene manteniendo las posturas muy cerradas a una negociación, en búsqueda de que ofrezca su aval para hacerse cargo de dar una respuesta a la situación de los vecinos de la toma que son de la propia Guernica. 


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